El 11 de marzo de 2025, el Ecuador presenció un cambio significativo en su política migratoria con la emisión del Decreto Ejecutivo No. 560, firmado por el presidente Daniel Noboa Azín. Esta normativa marca un antes y un después, especialmente para la comunidad venezolana en el país. En este artículo, desglosaremos los puntos clave de este decreto y analizaremos sus implicaciones legales y sociales.
¿Qué cambia con el Decreto 560?
- Derogación del Decreto 370:
- Se elimina el proceso de regularización extraordinaria para ciudadanos venezolanos en situación irregular, que había sido establecido previamente.
- Esta decisión se fundamenta en los compromisos adquiridos por Ecuador al ratificar el «Estatuto Migratorio entre la República del Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela» en 2011.
- Denuncia del Estatuto Migratorio con Venezuela:
- Se instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a iniciar el proceso para denunciar este acuerdo bilateral.
- Esto implica que el estatuto dejará de tener efecto, lo que podría tener un impacto considerable en la movilidad y los derechos de los ciudadanos de ambos países.
- Finalización de Procedimientos Administrativos:
- Se ordena la conclusión de los trámites relacionados con el Decreto 370, deteniendo los procesos de regularización en curso.
- Disposición sobre Documentos Vencidos:
- Se faculta a los ministerios competentes a emitir normativa secundaria para reconocer documentos vencidos, permitiendo la finalización de los procesos de regularización ya iniciados.
Justificación y Vigencia:
El Decreto 560 entró en vigor el 11 de marzo de 2025. El gobierno justifica estas medidas en la suspensión y recortes de financiamiento para programas de apoyo migratorio, así como en la necesidad de adaptar la política migratoria a la realidad actual.
Implicaciones y Análisis Legal:
Este decreto representa un cambio drástico en la política migratoria ecuatoriana. Si bien la disposición sobre documentos vencidos busca mitigar el impacto negativo, la derogación del proceso de regularización y la denuncia del estatuto migratorio plantean desafíos significativos para la comunidad venezolana.
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